El alcalde comunista que reta a la banca y al Supremo por el AJD posee una hipoteca de 157.600 €

El comunista Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vaciamadrid y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda que ha llevado al Tribunal Supremo el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en un pleito contra la Comunidad de Madrid, también participa del sistema bancario con una hipoteca. Es decir, se vale del mismo régimen al que ha declarado la guerra tras el fallo favorable del Supremo, ahora enmendado por el Gobierno de Pedro Sánchez vía decretazo.

Y es que Del Cura (IU), según consta en su declaración de bienes como alcalde, tiene un préstamo hipotecario de 157.600 euros con la entidad privada alemana Deutsche Bank. El regidor comunista incluso puso mal el nombre de este grupo financiero en la declaración que rellenó a mano, pues escribió «Deustche Bank», alterando las consonantes centrales.

La pretensión de Del Cura es recurrir el fallo ante el propio Supremo, ante el Tribunal Constitucional y luego Estrasburgo. «Aún quedan ocho millones de familias a las que los bancos tienen que devolver su dinero», declaró esta semana. Esta es la cifra de españoles que, según Adicae, tienen una hipoteca activa. Y entre los cuales se encontraría, por tanto, el propio Del Cura, conforme a su declaración de bienes actualizada a fecha de abril de 2016. Si el Tribunal Supremo hubiera fallado a favor del cliente con una retroactividad limitada, sólo se habrían visto beneficiados los ciudadanos que pagaron el impuesto de AJD desde octubre de 2014, en torno a 1,5 millones de contribuyentes.

#Rivas ha logrado cambiar la ley pero aún quedan ocho millones de familias a las que los bancos tienen que devolver su dinero. Esta batalla acaba de empezar. Muchas gracias @elprogramadear por la entrevista. #SentenciaRivas pic.twitter.com/SxeNNTKrIU

— Pedro del Cura (@Pedro_delcura) 8 de noviembre de 2018

Fuentes oficiales de Deutsche Bank apuntaron a OKDIARIO que cuentan en España con alrededor de 650.000 clientes, de los cuales una parte considerable lo son de préstamos hipotecarios, si bien este producto no es su principal apuesta. En este contexto, tales fuentes aseguraron que a partir de ahora pasarán a asumir el coste del AJD, aunque no precisaron si realizarán alguna leve subida de los gastos ligados a la concesión de una hipoteca. Es decir, para mitigar el decretazo de Sánchez. El jefe del Ejecutivo socialista ha apelado aquí a la «responsabilidad» de los bancos.

En su caso, Del Cura ha calificado la resolución del Tribunal Supremo como un «rescate judicial para blindar el negocio de los bancos» y ha afirmado que ella asegura su «impunidad». Además, el alcalde de IU y socio de Podemos ha avanzado que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, agotará todas las instancias judiciales españolas y europeas competentes para revertir la decisión del Supremo. Junto a ello, IU Rivas ya ha emplazado a salir a «la calle» y participar en el escrache convocado este sábado frente al Supremo por la izquierda radical.

En concreto, Del Cura declara poseer una vivienda de protección pública (VPP) tipo dúplex adquirido en 2003 en Rivas Vaciamadrid con una superficie cercana a los 110 metros cuadrados. Esta propiedad, de la que tiene una participación del cien por cien, goza de un valor catastral de 143.989 euros. Así mismo, el alcalde de IU cuenta desde el año 2005 con una plaza de garaje de 21,54 metros cuadrados en la misma finca. El valor catastral de la misma es de 8.200 euros. Sendos bienes suman, por tanto, un valor catastral de 152.189 euros.

«Aventura»

Esta vivienda de protección pública (VPP) la escrituró en 2003, el mismo año en que pasó a formar parte del Gobierno de José Masa como concejal de Infancia y Juventud. No obstante, el propio Del Cura explicó en un comunicado en 2014 que la «aventura» de la compra de esta vivienda a través de una cooperativa «la iniciamos mucho antes de ser yo concejal».

Fue ya en 2003, añadió, cuando él y el resto de interesados de la cooperativa lograron acceder a una promoción de 64 inmuebles tras «haber suscrito las correspondientes hipotecas, y demostrado que cumplíamos con los requisitos de renta que establecía la legislación sobre vivienda de protección pública».